En la India van enserio: Cadena perpetua para 14 estafadores cripto.

Un tribunal anticorrupción de Ahmedabad sentenció a prisión perpetua a 14 implicados —entre ellos 11 policías y un exlegislador— por el secuestro y la extorsión de un empresario de Surat en 2018 para arrebatarle criptomonedas. El fallo incluye decomisos y cargos bajo la Ley de Prevención de la Corrupción.

En 2018, el empresario Shailesh Bhatt fue secuestrado y retenido en Keshav Farm, cerca de Gandhinagar. De acuerdo con las crónicas judiciales, durante el cautiverio fue golpeado y obligado a admitir que había recuperado 752 BTC vinculados al colapso de BitConnect, de los cuales 176 habrían quedado a resguardo de su socio, Kirit Paladiya. La trama dio un vuelco público cuando Bhatt denunció el caso ante el Ministerio del Interior de la Unión y se abrió una investigación penal que terminaría por exponer una red con ramificaciones políticas y policiales en Amreli.

La investigación derivó en 15 detenciones y un proceso que llevó al banquillo a 14 acusados. Este viernes, el juez especial B.B. Jadav dictó cadena perpetua para el grupo, entre ellos el exsuperintendente de policía de Amreli, Jagdish Patel, y el exdiputado estatal (BJP) Nalin Kotadiya. Los 11 agentes fueron además condenados por “conducta indebida de funcionario público” bajo la Ley de Prevención de la Corrupción. La fiscalía, encabezada por Amit Patel, presentó 173 testigos, en un juicio donde decenas se declararon hostiles y el tribunal incluso ordenó actuaciones por perjurio. El expediente recoge episodios de coacción para transferir criptoactivos y ventas forzadas, como la de 34 BTC desde una wallet asociada a Paladiya por unos 150.000 dólares.

Más allá del fallo, la sentencia tiene un claro mensaje institucional: la corrupción “debe ser atajada con mano firme”, sostuvo el tribunal, que además ordenó confiscar joyería de oro recuperada del entonces SP de Amreli para su procesamiento por la Casa de la Moneda de Mumbai. La causa conecta con un momento álgido del ecosistema cripto en India —cuando BTC hoy ronda los 108.728 dólares, según reportes— y con la herida que dejó BitConnect, cuyo derrumbe impulsó a múltiples actores a recuperar fondos por su cuenta y riesgo.

El clima judicial en Gujarat, además, mostró en paralelo otro frente: en Ahmedabad se registró una denuncia por estafa comercial contra un operador de Mumbai que no saldó 8,04 lakh de rupias tras comprar al por mayor almidón de maíz en 2022. Aunque no relacionado con cripto, el caso subraya el telón de fondo de fraudes comerciales y la presión sobre fuerzas policiales y fiscalías para responder a esquemas de engaño en mercados tradicionales y digitales.

¿Por qué importa?

Porque consolida un precedente poco común: penas máximas contra funcionarios que instrumentalizaron el aparato del Estado para apropiarse de activos digitales. Para el mercado, refuerza la tesis de que el riesgo principal no siempre proviene de la tecnología sino de su abuso por actores con poder. Para la regulación, empuja a las autoridades a perfeccionar protocolos de cadena de custodia, preservación de evidencia en wallets y cooperación interagencias. Y para los usuarios, deja una lección básica: la autoprotección de claves y el registro formal de transacciones pueden ser determinantes en tribunales cuando la línea entre delito común y crimen financiero digital se difumina.

A partir de aquí, se abrirá un nuevo capítulo: apelaciones posibles, recuperación de bienes y, sobre todo, la implementación efectiva de estándares de investigación sobre crímenes con criptoactivos. Si India busca liderazgo regional en la supervisión del sector, casos como este marcarán la vara.

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